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Coordinador de Deportes es acusado de abuso sexual: UPAEP lo protege 

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) enfrenta graves señalamientos por proteger a Miguel N., coordinador de Deportes, detenido por violación, acoso y hostigamiento contra una alumna menor de edad, mientras que la víctima sufrió intentos de expulsión, retiro de beca y abandono institucional.  

Protección al acusado, persecución a la víctima

A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso a Miguel N. con prisión preventiva sin derecho a fianza, la UPAEP no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su separación del cargo.

 En contraste, la alumna denunciante fue sometida a un hostigamiento sistemático:  

– En marzo, la universidad ofreció activar su Protocolo contra el acoso sexual, pero días después exigió a sus tutores retirarla “por no poder garantizar su seguridad”.  

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– Un juez otorgó un amparo a la joven al considerar que la UPAEP incurrió en discriminación y violó su derecho a la educación segura. La institución respondió obligándola a estudiar en línea y retirándole su beca deportiva sin explicación.  

Patrón de encubrimiento

Fuentes cercanas al caso revelan que el Comité de Integridad —presidido por José Antonio Llergo Victoria, secretario general de la UPAEP— incumplió su deber de protección. 

Además, se sospecha que Miguel N. habría actuado con impunidad durante años, por lo que podrían existir más víctimas.  

“En lugar de sancionar al agresor, castigan a quien denuncia. La universidad prioriza su reputación sobre la vida de las estudiantes”, denunció una persona cercana a la familia.  

Silencio cómplice

A pesar de los principios institucionales que promueven “la dignidad y la verdad”, la UPAEP se negó a comentar el caso. Mientras el agresor sigue formalmente en nómina, la víctima enfrenta las consecuencias de un sistema que normaliza la violencia de género.  

Organismos estudiantiles exigen que la universidad:  

  1. Publique su postura oficial y las sanciones contra Miguel N.  
  2. Restituya los derechos educativos y la beca de la afectada.  
  3. Investigue posibles casos anteriores encubiertos.  

Este caso refleja un patrón recurrente: instituciones que silencian el abuso y castigan a las víctimas. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuántas más deben sufrir antes de que las universidades dejen de proteger a los acosadores?  

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Cisneros del Rey | Abogada, Redactora y CM. Creo contenido que inspira y gestiono comunidades con empatía, liderazgo y estrategia. ¡Conectando ideas y personas en el mundo digital!

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